La lucha contra el calentamiento global legitima medidas paraarancelarias para frenar importaciones de países que no tengan planes para mitigar las emisiones de gases contaminantes.
¿Cuál será el costo del cambio climático? ¿Se verán afectadas las cadenas logísticas y las exportaciones argentinas por las medidas de mitigación adoptadas? ¿Cómo impactarán todo esto en el transporte marítimo y en la actividad portuaria?
Algunas preguntas tienen respuesta. Otras están en plena negociación, como la que tendrá lugar la semana próxima, en Copenhagen, con una nueva reunión de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Sea cual fuere el resultado, hay que destacar que la cuestión de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y las acciones para reducirlas están cada vez más politizadas y el costado "comercial" emerge con mayor fuerza.
¿Cuál será el costo del cambio climático? ¿Se verán afectadas las cadenas logísticas y las exportaciones argentinas por las medidas de mitigación adoptadas? ¿Cómo impactará todo esto en el transporte marítimo y en la actividad portuaria?
Algunas preguntas tienen respuesta. Otras están en plena negociación, como la que tendrá lugar la semana próxima, en Copenhague, con una nueva reunión de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Sea cual fuere el resultado, hay que destacar que la cuestión de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y las acciones para reducirlas están cada vez más politizadas y el costado "comercial" emerge con mayor fuerza. Hay una pulseada. Por un lado están los que quieren normas globales bajo el principio de "responsabilidades comunes pero diferenciadas", pero que no se ponen de acuerdo en quién debe hacerse cargo de los costos de esas medidas.
Aprovechando esta situación están, por el otro lado, los que se adelantan con medidas unilaterales, que impondrán en la mesa de diálogo global. En general, estas consisten en políticas de adaptación y mitigación del cambio climático fronteras adentro. Y si estas acciones no encuentran medidas espejo en otros países (con los que se comercia) surgirá la presión compensatoria sobre los efectos en la competitividad del país que se "esfuerza" por mitigar el calentamiento global.
Si estas avanzan, podrían entrar en conflicto con las medidas que se decidan en el plano multilateral.
Como telón de fondo, y como en toda negociación global, se impone la asimetría: los 18 países más industrializados son responsables por el 75% de las emisiones, y representan el 20% de la población global.
"El mundo todavía no se puso de acuerdo en cuánto cuesta el calentamiento global y qué medidas hay que instrumentar para mitigarlo", destacó Ricardo Meléndez-Ortiz, del Centro Internacional para el Comercio y el Desarrollo Sustentable, tras agregar que es necesario "trabajar en desarrollo de acuerdos y responder mejor a la proliferación desordenada de medidas sobre los costos de importación de los países", agregó.
Carlos Galperín, coordinador del Centro de Economía Internacional (CEI) de la Cancillería, explicó que en Copenhague se discutirán borradores respecto de políticas comerciales, transferencia de tecnologías y financiamiento para hacerle frente al cambio climático.
Pero en paralelo, se verán las medidas unilaterales que muchos países están impulsando, y se intentará dilucidar si son políticas con objetivos ambientales o con un fin de proteccionismo encubierto.
La Cámara de los Representantes de los Estados Unidos ya aprobó y le pasó al Senado un proyecto de ley ( American Clean Energy and Security Act of 2009 ) impulsado por los demócratas Henry Waxman y Edward Markey (también conocida como la Ley Waxman-Markey) que sugiere medidas en frontera, a partir de 2020, para asegurarse que el resto de los países adopte políticas de cambio climático comparables a las de Estados Unidos.
Los importadores de determinados productos industriales deberían comprar permisos (a precios de mercado) para compensar la pérdida de competitividad de los productos norteamericanos y desalentar la "fuga de carbono" que es, además, "exportación de mano de obra". No hay que olvidar que en Estados Unidos el desempleo hoy roza el 10%.
"Este proyecto tiene que pasar por varios procesos técnicos y políticos hasta que lo firme finalmente el Presidente. Pero lo cierto es que puede afectar las exportaciones de cualquier país del mundo, y creemos que las de la región se verán afectadas", indicó Galperín a LA NACION.
El parámetro que se usará para establecer esta medida en frontera es la cantidad total de emisiones de gases de efecto invernadero de la economía de un país. Si superan el 0,5% de las emisiones globales, los productos de ese país serán susceptibles de ser gravados.
Según el Departamento de Energía de los Estados Unidos, América latina contribuye con el 3,9% del total de las emisiones. No se apunta a gravar países, sino economías que contribuyan al calentamiento global. Tanto la Argentina como Brasil, México, Venezuela y Chile (más que nada por la explotación del cobre) están por encima del 0,5% de participación en las emisiones globales.
El país impulsor de la medida, Estados Unidos, es responsable de más del 20% de las emisiones.
"El vínculo entre política comercial y cambio climático es íntimo. Las políticas de cambio climático apuntarán a modificaciones de base de la forma en que producimos y cómo transportamos los bienes", agregó el economista de la Cancillería.
¿Cuál sería el costo para la región si se aplicara una medida como ésta? "Es difícil saberlo. Pero estamos hablando de una neutralización del crecimiento de las exportaciones latinoamericanas al mercado norteamericano", amplió Meléndez-Ortiz.
Lo político tendrá mucho que ver en este desenlace. A mitad de 2010 hay elecciones en el Parlamento, y crece la presión proteccionista que exigirá medidas de esta naturaleza.
"Por más que sepamos que no es una medida racional y que no es eficiente en términos económicos ni siquiera beneficioso para el medio ambiente y mucho menos una solución para el cambio climático, es muy posible que las medidas en frontera sean parte de la administración norteamericana en materia de política energética", aseveró Meléndez-Ortiz.
"Queda en claro que la adopción de estas medidas en frontera no es algo deseable y que podría dar lugar a una guerra comercial y a una lista de medidas equivalentes", señaló.
Los sectores que serían más proclives a sufrir medidas de ajuste en frontera son hierro y acero, aluminio, papel, cementos, químicos y otras industrias productoras de bienes utilizados en la construcción, destaca el trabajo "Cambio Climático y la Agenda Comercial de América Latina" realizado por Soledad Aguilar, del Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible, y Roberto Bouzas y Andrea Molinari, especialistas de la Universidad de San Andrés y del Conicet.
El 5% de las exportaciones latinoamericanas a Estados Unidos, y el 6% de las ventas a Europa, corresponden a estos sectores.
"Si bien las emisiones de los países de la región, tanto en términos per cápita como por unidad de PBI están muy por debajo de las de los países desarrollados, la estructura del comercio exterior de varios de ellos los transforma en exportadores netos de emisiones", señala el informe. Entre ellos está la Argentina.
Geografía negativaEl panorama se complica si se extendieran también medidas al transporte internacional (aéreo y marítimo) porque, por la posición geográfica, la incidencia del transporte en las exportaciones argentinas es mucho mayor debido a la distancia que deben recorrer hasta sus mercados de destino (ver aparte).
El cóctel se completa con las ineficiencias logísticas que encarecen todavía más las exportaciones que son intensivas en transporte y de bajo valor unitario en relación con su peso. La participación del transporte marítimo, en el comercio exterior argentino, roza el 90%.
"No se sabe qué es lo que se firmará antes", señaló Galperín, en relación con el diálogo multilateral y los proyectos de ley como los de Estados Unidos.
El acta aprobada por los representantes brinda un mandato negociador al Ejecutivo para que acordado en el plano multilateral no afecte la norma interna que podría aprobarse. "Es probable que la postura norteamericana en la negociación multilateral se base en esta acta aprobada por la Cámara de Representantes", indicó.
Este debate, íntimamente ligado a las negociaciones comerciales, tiene una característica: "Hay un piso de legitimidad pública más importante que en los problemas comerciales. Las consecuencias del cambio climático son más fáciles de percibir para la opinión pública que el resultado de las negociaciones comerciales", destacó Galperín.
Es que la gran negociación multilateral, estancada hace casi nueve años, es la Ronda del Desarrollo, la Rueda Doha, que como su nombre indica apunta a mejorar la calidad de vida de los países emergentes y menos adelantados a partir de un incremento en sus exportaciones, facilitado por mejoras sustanciales de acceso a los mercados de los países avanzados.
Avanzar en Doha significa que los países industrializados deberían "soltarle la mano" a los sectores sensibles que históricamente protegieron, vinculados con los agroalimentos.
Aquí viene la trampa: las naciones desarrolladas podrían optar resolver las negociaciones multilaterales en la Organización Mundial del Comercio (OMC) con la tranquilidad de que existe un salvoconducto "proteccionista" en el diálogo global por el cambio climático en Naciones Unidas.
"El argumento [proteccionista] es más legítimo que en las negociaciones comerciales", argumentó Galperín. Una vía de internalización de los costos del cambio climático para terceros países sería algún tipo de impuesto por kilómetros o millas recorridas.
Otras medidas unilaterales, tomadas en este caso por el sector privado, es la exigencia por parte de grandes cadenas de supermercados del etiquetado de los alimentos y productos importados aclarando las distancias recorridas y la "contribución" a la atmósfera en términos de GEI. "Está claro que los más afectados [por este tipo de medidas] son los países del hemisferio sur", acotó Galperín.
-¿Está más fuerte el mundo emergente en la negociación?
-Tanto en la OMC, por medio del G-20, como en la Convención de Cambio Climático de las Naciones Unidas, donde la Argentina forma parte del G-77 + China, la posición es sólida y muy clara. No creo que salga ningún que pase por encima a estas posiciones.
Mientras tanto, en Copenhague, en poco tiempo, el tema de las "responsabilidades comunes pero diferenciadas" intentará imponerse. Esto es: permitir que los países en desarrollo puedan usar "un espacio en la atmósfera" para continuar desarrollándose con las energías actuales, mientras los países desarrollados financian y transfieren la tecnología más limpia disponible.
"¿Quién tiene derecho a emitir en el poco espacio de atmósfera que queda?", es el tema que se debatirá, agregó Meléndez-Ortiz.
Es simple apreciar la dificultad de la negociación. "El único principio firme en la mesa es que los países en desarrollo tendrían derecho a continuar emitiendo y que los países desarrollados deberán reducir las emisiones. La responsabilidad de todos es mitigar el impacto. Pero el balance de los números es complicado".
Así lo entiende también Patrick Low, de la Organización Mundial del Comercio: "Doce países son responsables de dos tercios de las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. Esto debería garantizar la acción, y la solución", señala.
La dimensión económica de los efectos del cambio climático volvió a poner sobre la mesa la necesidad de encarar el análisis bajo las premisas del costo-beneficio. Las externalidades que esta situación genera son enormes.
"Todos quieren estudiarlo y establecer un precio social del carbono", destaca. El desafío es "monetizar" los riesgos. "En el fondo, estamos poniéndole valores a la vida", sostiene.
Hay una base, criticada por muchos, que fue la elaborada por Nicholas Stern, economista experto en temas ambientales que redactó a pedido del gobierno británico el informe Economía del Cambio Climático, en 2006, que señala: si se sigue con las actividades productivas como de costumbre el costo del cambio climático representará entre el 5 y el 20 por ciento del PBI global para 2100.
Si se actuara hoy, el costo sería del 1 por ciento.
Por Emiliano GalliDe la Redacción de LA NACION
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